Renuncia Federico Sosto

Tampoco ya nadie debería tener dudas de que Costa Rica es el país de las casualidades.

Porque casualmente, renuncia Sosto, y la Sala IV con votación 4 a 3, indica que el último proyecto de la agenda de implementación tenía vicios de procedimiento ¡qué terrible casualidad!

La “Reforma y adición de varias normas que regulan materias relacionadas con propiedad intelectual”, o el proyecto escoba, como le llamaron, era el último de los proyectos de la agenda de implementación, y reformaba algunas leyes, que los pro-TLC, juraron no se tocaría….

Por supuesto la orden de reformar esas leyes venía, como no, ni más ni menos que de la embajada gringa.

Pero volvamos a Federico Sosto, y entenderemos cómo parte de la agenda de implementación llegó hasta donde llegó…

Como magistrado de la Sala IV, Federico Sosto participó de la consulta de constitucionalidad de gran parte de los proyectos de la agenda de implementación del TLC.

Por esa razón, antes de que reventara el escándalo de la asesoría que brindó a Casa Presidencial, su gestión como magistrado de la Sala Constitucional fue cuestionada por sectores políticos y sociales del país, luego de que en enero del 2007 Sosto había manifestado públicamente opiniones favorables al Tratado.

Rebatiendo nada más y nada menos las opiniones de un grupo de académicos que sostenían, y sostienen, que el TLC es inconstitucional, o sea, Federico Sosto en su artículo defendía que el TLC era constitucional…

Básicamente adelantó criterio… y además mostró su posición política, bastante neoliberal por cierto.

En marzo se hicieron los primeros cuestionamientos al entonces magistrado Sosto, pues participó en la votación de la Sala Constitucional que decidió que el proyecto de Ley de Obtenciones Vegetales no presentaba roces constitucionales.

Esa votación se decidió por un voto y varios diputados de oposición manifestaron una profunda inconformidad por la participación de Sosto. Vale decir que el voto de Sosto resultço clave en ese momento.

Posteriormente el abogado se abstuvo de votar sobre la consulta del proyecto de ley de telecomunicaciones.

La oficina del diputado José Merino confirmó que Sosto participó en la consulta de constitucionalidad de estos otros proyectos de ley de dicha agenda:
Convenio de la Unión de Obtenciones Vegetales (UPOV) (voto 4570-08),
Tratado de Budapest (voto 3154-08),
Regulación del Mercado de Seguros (voto 10450-08),
Tratado sobre la Ley de Marcas (voto 4836-08),
Ley de Marcas y otros signos distintivos (voto 2896-08),
Reforma y adición de varios artículos a la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (voto 5179-08).  

A Sosto también le fue asignada la consulta de constitucionalidad que el diputado liberacionista Fernando Sánchez presentó contra la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.  
 
La participación que tuvo Sosto el 8 de julio Sosto en calidad de asesor “gratuito” a Casa Presidencial, motivó que fuera convocado a comparecer ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, pues además trascendió que Sosto es socio de bufete de Jorge Hidalgo, uno de los asesores pagados con fondos del BCIE.

En esa oportunidad arguyó ante medios de prensa que no había nada incorrecto en dar esa asesoría, pues “ese día no estaba nombrado”, según publicó La Nación.

Luego de una denuncia presentada contra Sosto ante el Tribunal de Inspección Judicial de la Corte Suprema de Justicia, el 21 de julio la Corte Plena acordó no investigar a Sosto tras una cerrada votación que quedó doce a diez.  

El 29 de julio, Sosto no se presentó ante la mencionada comisión legislativa pues salió del país.

El 11 de agosto la Corte Plena mantuvo su posición de no investigar a Sosto al desestimar una acción de revocatoria de la primera votación presentada por la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD). Esta vez el resultado fue 17 a cuatro.

El presidente de la Corte, Luis Paulino Mora, sostuvo que no apreciaba violación alguna de Sosto a la Ley Orgánica del Poder Judicial y manifestó que la decisión de no investigar se tomó a partir de criterios legales, no éticos.

A finales de agosto ACOJUD solicitó la renuncia de Sosto y el 1 de setiembre trascendió en la prensa que el cuestionado magistrado había renunciado a su cargo.

Días después, y seguramente por pura casualidad, fue cuando la Sala IV, sorprendiendo a todo el mundo, falló que había un vicio de procedimiento en el proyecto escoba.

Con este fallo resulta completamente evidente lo que se venía denunciando, la separación de poderes es mera ficción.

Pero también quedó demostrada otra cosa muy importante, que solamente la presión popular, articulada desde todos los frentes posibles, puede frenar la tromba neoliberal del mal gobierno de los Arias.

Renegociación del TLC y Obama ¿?

Con cierto escepticismo miramos la elección de Obama y la posible renegociación del TLC.

Racialmente, al mundo entero llena de júbilo y con razón el que un mulato llegue a la presidencia de Estados Unidos. Pero yo no me hago ilusiones en cuanto al cambio.

Estados Unidos no está gobernado por una persona sino por los lobbies, es decir, los señores de la guerra –el complejo industriomilitar-; de las farmacéuticas –Farmas-; de las semillas y agroquímicos –Monsanto y amigos-; de los seguros –AIG-, etc., etc. ¿Qué puede cambiar Obama? Casi nada. Los lobbies seguirán gobernando.

En parte por eso, no tiene ningún sentido la renegociación del TLC que junto con ciertos congresistas demócratas nos propone Ottón Solís.

En esta tan sonada renegociación, ¿van a eliminar el Capítulo 10 para que la justicia vuelva a nuestras manos y para que no perdamos nuestros recursos estratégicos? NO.

¿Van a eliminar el Capítulo 15 para que Monsanto y Farmas nos dejen importar o fabricar genéricos? NO.

¿Van a corregir la definición de territorio? NO.

Entonces, ¿qué van a renegociar?

Según artículo de don Otón del 29 de noviembre en La Nación, en la renegociación se van a corregir algunas cosas sobre ambiente y derechos laborales.

Esto no solamente no es suficiente, sino que es un engaño.

Porque nadie puede, como extrañamente pretende don Ottón, relacionar el libre comercio con “la democracia, los derechos humanos y la ética en la función pública, entre otros”, sin antes eliminar del TLC los capítulos 10, 15 y 17; los anexos 13 y 12.1; las cláusulas 3.14.3 y 19.1; las cartas paralelas y el fundamento mismo de un tratado que en Costa Rica es como la constitución, pero en EEUU no llega a ley.

La economía mundial está empezando a tambalearse. Aquí seguimos muy contentos y eso es porque la crisis no ha llegado.

Los economistas saben que hasta la definición misma de libre comercio se cayó. Solamente la siguen manteniendo los interesados en sacar provecho del modelo.

Don Ottón conoce a fondo esta realidad. Por eso no comprendo por qué en su artículo les dice a los costarricenses que el tratado no es perfecto, o que es perfectible.

El tratado no es ni imperfecto ni perfectible. No es nada de eso. Es simplemente un suicidio para Costa Rica.

Es totalmente inconveniente renegociar algunas cosas, pues eso lo perpetuaría bajo una fachada “buena”.

En estos momentos de crisis, lo único conveniente que se puede hacer con el TLC es ponerlo totalmente en suspenso o rechazarlo. Antes de que caiga por su propio peso y nos arrastre.

Y cuando el TLC nos arrastre, renegociado o como está, los señores de las armas, de las semillas, de los químicos, de los bancos, de las aseguradoras, etc., y sus socios y socias ticos ya sean los socios y socias originales o los renegociadores, brindarán con vinos finos y caviar. Porque siempre caen parados.

El *gemeleo* de la Sala IV

Posiblemente usted haya oído hablar del gemeleo de placas, del gemeleo de licencia de conducir o cédulas… hay hasta “gemelos” de algunas “celebridades”…

Pero estamos seguros de que jamás se había enterado del gemeleo que algunos Magistrados hicieron de la Sala Constitucional.

De acuerdo a un comunicado del PAC, la creación de Sala IV paralela es una ruptura del orden constitucional, y además constituye un acto ilegal e inconstitucional que se cometió cuando magistrados separados de su cargo y magistrados sustitutos sesionaron al mismo tiempo y resolvieron consultas legislativas y otros recursos, entre el 24 y  28 de marzo de 2008.

¡Y adivinen! Casualmente, el ex Magistrado Federico Sosto participó en ambas Salas.

Según el comunicado tras las irregularidades comprobadas con la designación del Magistrado Sosto, como suplente, se realizaron una serie de investigaciones sobre los mecanismos de sorteo para nombrar a los Magistrados Suplentes de la Sala Constitucional.

Pero dicha investigación sobre la participación política del ex Magistrado Federico Sosto, descubrió un hecho aún más grave:

Entre el 24 y  28 de marzo del 2008, existieron dos Salas Constitucionales funcionando en paralelo.

O sea, los magistrados titulares ejercieron como Magistrados de la República sin estar habilitados para el cargo.

Ellos  estaban separados de sus cargos por la Corte Plena y fueron sustituidos, según el acta del 10 de marzo del 2008.

El artículo 27 y el 162 de la Ley Orgánica del Poder Judicial especifica  que un Magistrado con licencia concedida pierde la facultad de administrar justicia, porque esa potestad se “ pierde o suspende para todos los negocios cuando, por cualquier motivo, el juez deja de serlo o queda suspendido temporalmente en sus funciones.”

La diputada Leda Zamora declaró que “Los Magistrados fueron  separados de su cargo y sustituidos. Lo hecho por los magistrados separados es una ilegalidad, al tramitar y votar un grupo de consultas de constitucionalidad realizadas por la Asamblea Legislativa sin tener poder para ello. Es una grosera violación del orden Constitucional por parte de aquellos llamados a defenderlo. Todo el mundo sabe que en Costa Rica  existe UNA Sala Constitucional, no dos, ni tres.”

Según el acta de la Corte Plena del 10 de marzo del 2008,  la Magistrada Ana Virginia Calzada, en su carácter de Presidenta de la Sala Constitucional, solicitó se concediera permiso con goce de salario y sustitución a todos los Magistrados propietarios de la Sala.

Lo anterior para dedicar la semana del 24 al 28 de marzo al estudio y discusión de varias consultas facultativas relacionadas con la Agenda de Implementación del TLC.

Sin embargo, el Magistrado Luis Paulino Mora, solicitó que se le exceptuara de la separación para participar de las votaciones en la Sala Constitucional y en la Corte Plena, lo que confirma el hecho de que los demás estaban inhabilitados para ejercer como Magistrados.

Entre el 26 y 27 de marzo una Sala IV ilegítima integrada por los magistrados: Calzada, Mora, Vargas, Armijo, Jinesta, Cruz y el Suplente Sosto López. Resolvieron las consultas facultativas de: la Ley General de Telecomunicaciones, la Aprobación del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales y de la Adhesión de Costa Rica al Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento.

El  mismo 27 de marzo la Sala Constitucional, que sí tenía la potestad de sesionar resolvió 264 expedientes.

Así, como se consumó una situación de total irregularidad que quebrantó el orden constitucional.

Costa Rica tuvo dos Salas Constitucionales paralelas por varios días.

Lo más curioso de todo, aunque ya estamos acostumbrados a las casualidades, el Magistrado Sosto, asesor de Casa Presidencial, participó en forma simultánea en ambas salas.

Según el diputado Alberto Salom: “Existen responsabilidades penales y administrativas que deben ser dilucidadas por las instancias correspondientes. Lo sucedido es de la mayor gravedad…”

Como vemos, el gemeleo es una práctica común de las mafias que funcionan pegadas al aparato del Estado. Nosotros, por nuestra parte, los llamamos a que nos pongamos vivos, porque a como va la cosa, no se extrañe que en las próximas elecciones le gemeleen su voto, o de repente, lo gemeleen a usted.

Apocalipsis Financiero

El apocalipsis financiero no ha terminado. Se está transformando en recesión global.

Y todo indica que vamos hacia una Gran Depresión.

Por espectaculares que sean, las medidas adoptadas en Europa y en Estados Unidos no van a provocar el final de las dificultades.

Así lo admitió el propio Henry Paulson, Secretario del Tesoro estadounidense: “A pesar de nuestro gran plan de rescate, más instituciones financieras van a ir a la quiebra”.

En un informe sobre las crisis de los últimos treinta años, el Fondo Monetario Internacional confirma que las que tienen a los bancos y al sector inmobiliario como protagonistas son especialmente “intensas, largas, profundas y dañinas para la economía real”.

Los efectos ya se extienden por los cinco continentes: en unas semanas, el real brasileño ha perdido el 30% de su valor; el zloty polaco, un 22%; la rupia india, un 10%; el peso mexicano, un 14%. Presiones similares afrontan Indonesia, Filipinas o la República Checa.

Las autoridades estadounidenses ya han inyectado en dinero el equivalente al doble de lo que han costado desde 2001 las guerras de Afganistán y de Irak, en sus diferentes planes de rescate de bancos, cajas de ahorros y compañías de seguros.

Y los grandes bancos del mundo aún necesitan varios miles de millones de dólares… Lo cual les conduce a restringir el crédito a las empresas y a los particulares. Con las consecuencias muy negativas que eso está teniendo en la economía real.

Los países avanzados, entre ellos España, que han recurrido a la innovación financiera para garantizar altas rentabilidades a los inversores, son los que encajan el golpe más duro. El FMI estima que la economía de esos países tendrá el avance más débil desde hace 27 años.

El mundo va camino de sufrir su peor pesadilla desde 1929.

Por sus inéditas dimensiones, esta crisis pone fin al periodo neoliberal basado en las tesis monetaristas de Milton Friedman que dominaron, durante tres décadas, el campo capitalista.

En Estados Unidos, los bancos han trabajado en unas condiciones de libertad absoluta concedidas en nombre de fundamentos ideológicos. Por ello, la clase política norteamericana tiene la responsabilidad del caos actual.

El dogma del mercado infalible se ha autodestruido. En cambio, el modelo de los países que han mantenido algún tipo de control de cambio China o Venezuela, por ejemplo se ve ahora reivindicado.

Y aunque el impacto de la crisis se hará sentir en todo el planeta, esas economías que no adoptaron la desregulacion ultraliberal saldrán mejor paradas.

Algunos analistas resaltan, para América Latina, el interés de mecanismos como la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), el Banco del Sur, o la idea de un banco de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) recientemente propuesta por el presidente venezolano, Hugo Chávez.

Es un momento histórico. Se derrumba no sólo un modelo de economía sino también un estilo de gobierno. Eso altera la hegemonía de EEUU en el mundo. En particular su hegemonía económica.

Sus finanzas dependen de que sigan entrando fuertes sumas de capital extranjero. Y los países de donde procede ese dinero China, Rusia, petromonarquías del Golfo van ahora a influir en su futuro.

En el 2006, China y Oriente Próximo financiaron, a partes iguales, el 86% del déficit de los países industriales.

Para el 2013, se prevé que el superávit chino excederá la totalidad del déficit de los países industriales. Todo ello otorga a Pekín un papel decisivo en el mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero internacional. Y es probable que, a cambio, China trate de obtener concesiones en asuntos como los de Taiwan o el Tíbet.
El declive de la economía anuncia, en general, la decadencia de los imperios.

El conflicto de Vietnam acabó con la equivalencia entre el dólar y el oro, e hizo tambalear el sistema de Bretton Woods.

La guerra de Irak, por su coste, ha provocado una transferencia de riqueza de EEUU a sus competidores. La influencia de los fondos soberanos y de China se ha reforzado.

La crisis actual refuerza ese movimiento, y provoca un reequilibrio fundamental: el centro de gravedad del mundo se desplaza de Occidente hacia Oriente.

Pero tal desplazamiento desencadena consecuencias en cascada como las que plantea el ensayista británico John Gray: “Si EEUU se retira de Irak, Irán quedará como vencedor regional. ¿Cómo reaccionará Arabia Saudí? ¿Habrá más o menos probabilidades de una acción militar para impedir que Irán adquiera armas nucleares?”.

Es evidente que Washington está perdiendo poder. La guerra de Georgia, en agosto pasado, mostró a Rusia rediseñando el mapa geopolítico del Cáucaso, sin que EEUU pudiera hacer nada.

La situación económica es tan grave que muchos Gobiernos echan por la borda sus creencias ideológicas, y están dispuestos a adoptar medidas que ellos mismos habrían tachado de heréticas hace poco. Por ejemplo, aumentar el gasto público. Y relanzar las inversiones en obras de infraestructura importantes como estímulo económico. El propio FMI aboga por una intervención pública más radical.

El modelo de capitalismo neoliberal, diseñado por los Estados del Norte para el mayor provecho de los países ricos, ha muerto, pero los presidentes de las potencias llaman a refundar el capitalismo, el próximo 15 de noviembre tendrán su cónclave, no esperamos mucho de esa cumbre.

EL Tribunal Supremo de Elecciones denuncia a lxs del

¿Será que algún día sabremos quiénes financiaron la campaña del sí?

Esa pregunta todos nos la hemos hecho muchas veces.

Quiénes parece que nunca la hicieron fueron las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones… bueno no hasta ahora…

Porque desgraciadamente tuvo que mediar una denuncia de parte de Ottón Solís de que el Sí fue financiado por el Narcotráfico.

Como no daban la cara y todos nos preguntamos ¿quiénes financiaron la campaña del sí en el pasado referendo?,

¿quiénes financian esa campaña de terror que tergiversa lo que realmente pasa en el Parlamento y que pide “respeto” a los resultados del referendo, pero que intenta ligar todas las arbitrariedades y violaciones a la ley que los diputados han cometido en su carrera por aprobar a como dé lugar el TLC, y que durante un año ha atacado al PAC tieso y parejo?…

Pues bien, parece ya hoy empiezan a aparecer… aunque no por gusto…

Los anónimos, empiezan a tener nombre: La sociedad “Sí al Futuro” y “Fideicomiso por Costa Rica” son los principales financistas de tales campañas.

La sociedad “Sí al Futuro”, representada por el exministro y coordinador de la campaña del Sí al TLC, Alfredo Volio, donó un poco más de 47 millones de colones.

Los 47 millones se repartieron así: a Liberación 18 millones, al Movimiento Libertario le donó casi 8 millones y al Partido Restauración Nacional, el de Guyón Massey, poquito más de 21 millones.

Por su parte, El “Fideicomiso por Costa Rica”, representada por Annia Segura, asistente de la directiva de la Asociación Nacional de Textileros, aunque uno de sus fundadores y portavoz ha sido el presidente de esa Asociación, Miguel Schyfter, donó a partidos casi 34 millones de colones.

Esta organización entregó ¢13 millones al Movimiento Libertario y casi 21 millones de colones a Liberación Nacional.

Pero no solamente estuvieron ocultos los datos, sino que además han mentido a la opinión pública, ya que el 17 de octubre, Miguel Schyfter del “Fideicomiso Por Costa Rica” dijo:

“Los donantes están todos declarados ante el TSE; es pública la lista. Con todo y que somos un grupo privado, son los mismos que nos dieron el dinero”.

Con estas declaraciones Schyfter pretendió salir al paso de la denuncia hecha por el PAC que afirmó que la campaña la financiaba el “narcotráfico”, además declaró que “Por Costa Rica” financió una campaña contra el Partido Acción Ciudadana por oponerse al TLC.

Sin embargo, Gilberto Gómez, contador del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), negó que el grupo Por Costa Rica haya entregado la lista de contribuyentes.

Gómez dijo que el Tribunal Supremo de Elecciones no conoce quiénes son las personas que contribuyen con este grupo.

Por estas donaciones de no sabemos quiénes, el Tribunal Supremo de Elecciones denunció ante el Ministerio Público a las dos entidades privadas, por donar más dinero del que permite la ley a esos tres partidos políticos para hacer campaña a favor del TLC en el referéndum, que se efectuó en octubre del año pasado.

La investigación está a cargo de la Unidad de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial que indaga como acusados a los representantes de la sociedad “Sí al futuro S.A.” y del “Fideicomiso por Costa Rica”.

Veremos si por fin sabemos quiénes son los que dieron plata para la campaña del terror, porque como dice el dicho popular, “nadie saca pelos sin sangre”…

Zona Marítima de Guanacaste

Y las denuncias siguen salpicando al mal gobierno de los Arias. Esto de acuerdo a un artículo publicado por el Semanario Universidad en su más reciente edición.

Esta vez se trata de una concesión otorgada por la Municipalidad de Santa Cruz en Playa Nombre de Jesús y Playa Zapotillal, en Guanacaste, permitirá la explotación de 255 hectáreas en la zona marítima terrestre, mediante un megaproyecto turístico impulsado por empresarios representados por Álvaro Martín Salazar, hermano de la actual viceministra de Obras Públicas y Transportes y futura ministra de Justicia, Viviana Martín.

Playa Zapotillal es conocida popularmente como “Minas”, mientras que a Playa Nombre de Jesús los empresarios la denominan “Playa Pelícano” en algunos documentos.

Ambas playas están ubicadas en el distrito Cabo Velas, cantón de Santa Cruz, muy cerca de Playa Grande y el Parque Nacional Marino Las Baulas. Resguardan una valiosa zona de bosque tropical seco, dos lagunas, humedales, así como un espacio para el desove de la tortuga verde, por lo cual el eventual desarrollo turístico puso en alerta a vecinos de la zona y grupos ambientalistas.

De acuerdo con Juan Figuerola, ambientalista, quien le ha dado seguimiento al caso, desde la perspectiva ambiental el proyecto implicaría privar a la zona “de un reducto de bosque costero de gran diversidad que ya no queda en la región, pues han surgido los desarrollos elitistas que contradicen el derecho de la gente a un ambiente sano”.

Dentro de las preocupaciones figura el tema del desmedido consumo de agua que se daría con el proyecto turístico, pues tendría que abastecerse desde la comunidad de Matapalo, donde desde ya existe oposición.

El proyecto es denominado Condominio Turístico Residencial Mar Serena (Expediente No.1101-2007-Setena), el cual podría explotar la zona marítima terrestre, que constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable.

La Zona Marítimo Terrestre es la franja de 200 metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico de Costa Rica. Esta posee una parte pública, que es de 50 metros, y una restringida, que abarca los 150 metros restantes, sobre la cual se otorgan las concesiones con base en un plan regulador.

El proyecto Mar Serena comprende una área de concesión en la Zona Marítimo Terrestre y también terrenos privados.
En la zona de concesión se proyecta la construcción de un hotel cinco estrellas con 174 habitaciones, un edificio con restaurante y tiendas para comercio, una edificación con servicios sanitarios y duchas, edificios de dos pisos para uso residencial, una zona de cooperativa y una zona de protección o amortiguamiento del manglar.

En el área privada, el proyecto contempla 190 lotes residenciales, 361 villas unifamiliares, un hotel cinco estrellas con 178 habitaciones, una zona comercial con estacionamientos y otra para edificaciones de servicio.

Además, también se pretende construir en la zona privada un campo de golf de 18 hoyos, una casa club, calles para comunicar y acceder a las diversas áreas, así como zonas verdes y una reserva forestal, cuya área no se especifica.

La concesión para explotar dichos terrenos fue otorgada en 1998 por la Municipalidad de Santa Cruz, el mismo día a 11 sociedades anónimas de responsabilidad limitada con los mismos propietarios, en las cuales la viceministra de Obras Públicas y Transportes y futura ministra de Justicia, Viviana Martín, aparecía como secretaria y como agente residente, mientras que su hermano, Álvaro Martín, como presidente.

Posteriormente, estas concesiones fueron ratificadas por el Instituto Costarricense de Turismo, que es la institución encargada de velar por el adecuado manejo de la Zona Marítimo Terrestre.

La historia del el Proyecto Condominio Turístico Residencial Mar Serena se inició en 1993, cuando Álvaro Martín solicitó al Instituto Geográfico Nacional el amojonamiento, o sea, la demarcación de ambas playas, primer paso para desarrollar un proyecto de construcción con el fin de demarcar la zona pública.

Posteriormente, en 1994 el arquitecto Héctor Chavarría Carrillo, hermano del actual alcalde de Santa Cruz, Jorge Enrique Chavarría, realizó la hoja de zonificación del plan regulador.

En el 2006, autoridades municipales y de la fuerza pública de Santa Cruz demolieron la casa del pescador Juan Canales, por encontrarse en la zona del proyecto.

En mayo del 2007 la empresa Ingenieros Consultores presentó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) una  declaratoria de impacto ambiental para un primer proyecto de condominio turístico residencial denominado en ese momento Playa Pelícano (Expediente No. D1-564-2007-SETENA), al cual varios ambientalistas, como Juan Figuerola, presentaron observaciones técnicas.

En setiembre del 2007, el propio desarrollador pidió archivar el proyecto y ese mismo día presentó un Estudio de Impacto Ambiental para un segundo plan de condominio turístico residencial denominado Mar Serena (Expediente No.1101-2007-SETENA).

Vale la pana destacar algunas coincidencias entre este caso y el de varias concesiones solicitadas por sociedades anónimas también de los hermanos Martín en Isla Caballo, en el Golfo de Nicoya.

Por ejemplo, es el mismo arquitecto Héctor Chavarría quien elaboró el plan regulador para la isla, contratado por Álvaro Martín.

Además, en este caso son cinco sociedades anónimas las que solicitan las concesiones y en todas la actual funcionaria Martín apareció con el 60% de las acciones.

Pero veamos quién es don Álvaro Martín, entre el 2002 y el 2005 Álvaro Martín Salazar fue miembro de la junta directiva del ICT y presidente de la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos de Costa Rica (CIMAT), entre otros puestos públicos.

Álvaro Martín, hermano de la actual Viceministra de Transportes, es socio del Bufete Lara, López, Matamoros, Rodríguez & Tinoco desde 1980.
Ese bufete fue fundado, entre otros, por el padre del exministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez, quien también ha laborado allí.

Martín fue miembro de la comisión redactora de la Ley de Incentivos Turísticos para el  ICT en 1983 y entre 1986 y 1990 integrante del Consejo de Administración de la Corporación Costarricense para el Desarrollo (CODESA).

En 1991, fue miembro de la comisión para reorganizar el sistema legal que involucra la actividad turística para el ICT y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE); y de 1994 a 1999 miembro de la junta directiva de LACSA, adonde regresó en el 2006.

Otra Junta Directiva en la que estuvo fue la del Instituto Nacional de Seguros (INS), entre 1994 y el 2000. También estuvo en la de CINDE entre 1997 y el 2005.

Desde el 2002 y hasta el 2005 fue miembro de la junta directiva del ICT y presidente de la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT). Desde el 2006 es fiscal de la junta directiva de la Corporación BCT.

Por su parte, la viceministra Viviana Martín rechazó cualquier vínculo con el megaproyecto turístico, pues asegura que ella lo único que hizo fue crear las sociedades y, posteriormente, se desligó de ellas.
Las sociedades anónimas que recibieron concesiones son:
Hotelera Minazol H.M. S.A.,
Condominio Madras C.M. S.A.,
Codominio Romanche C.R. S.A.,
Codominio Penza C.P. S.A.,
Condominio Taboy C.T. S.A.,
Llanuras del Pelícano L.P. S.A.,
Desarrollos Cosuis D.C. S.A.,
Inversiones Playa Saleina I.P. S.A.,
Desarrollo Hotelero Glaciar D.H.G. S.A.,
Desarrollos Minapel D.M. S.A. y
Condominios Barkol C.B. S.A.

La empresa Marel S.A., también fundada por los hermanos Martín, ha corrido con todos los gastos de amojonamiento, plan regulador y demás, pero no está entre las concesionarias.

Sobre las condiciones del sitio donde se ubicaría el Proyecto Mar Serena, el ambientalista Figuerola destacó el hecho de que fue un potrero  hasta inicios de los años 90, pero “se ha recuperado bastante y hay dos lagunas”.

Figuerola, quien labora con la FECON, denunció que los desarrollistas han “socoleado” el terreno, o sea, han cortado partes de los árboles con el propósito de arralar el bosque, con lo cual se podría “justificar un cambio de uso, pero eso es prohibido por el artículo 19 de la Ley Forestal”.
Calificó como “inmoral” el hecho de que las once concesiones fueron otorgadas “de un solo golpe” en 1998 por el Concejo Municipal.

Pero es que además de las preocupaciones por el bosque de la zona, las lagunas y el hecho de que al sitio llega a desovar la tortuga verde, algunas personas de la zona ya manifestaron su preocupación por la accesibilidad al agua.

En medio de la discusión está la comunidad de Matapalo, cuyos residentes se debaten entre la protección de esos recursos naturales y las eternas promesas de empleo de los desarrollos turísticos.

Balbino López, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Matapalo, no tuvo reparos en afirmar que la mayoría de los habitantes de esa comunidad están a favor de este tipo de proyectos.

“Hemos investigado este caso particular con el señor Emel Rodríguez, director del Área de Conservación Tempisque, quien nos hizo una exposición para determinar que no haya un impacto fuerte en contra del ambiente. El afirmó que se han respetado todas las indicaciones emanadas del MINAET”.

Luego de señalar que el proyecto turístico ha generado empleo y le permitió regresar a la costa a mucha gente que, como él, tuvo que irse en el pasado para buscar empleo, López destacó el hecho de que “no nos preocupa que este plan ponga en riesgo estos recursos naturales”, pues “el MINAET ha hecho grandes esfuerzos, se va a dejar un refugio y habrá un puesto de vigilancia; es una posibilidad que ha dado el desarrollador para que cuiden el desove de las tortugas”.

El tema álgido, como en todo Guanacaste, es el de la disponibilidad del agua. López informó que los desarrollistas determinaron que dentro de sus terrenos hay “un pequeño” manto acuífero, del cual obtendrán el recurso para las primeras fases del proyecto.

Sin embargo, reconoció que el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA) “contempla un proyecto de acueducto” en la zona, luego de que la Asociación Administradora del Acueducto Rural (ASADA) de Matapalo emitió en setiembre del año pasado un documento en el que dijo tener disponibilidad de 100 pajas de agua para el proyecto, “siempre y cuando (…) aporten diseños, materiales y ejecución  de obras  (…) bajo la supervisión del AyA y esta ASADA”.

La vecina de Matapalo Laura Jaén, integrante de la Asociación para la Conservación de los Recursos Naturales de Cabo Vela y presidenta de la Asociación de Damas Amigas del Parque Marino Las Baulas, manifestó su oposición al proyecto.

Luego de coincidir en la denuncia del socolado del bosque, señaló que la experiencia con los grandes proyectos no sustenta las expectativas de generación de empleo en zonas costeras.
“Hemos sentido bastante el impacto del desarrollo en la zona, y durante el verano tenemos problemas por falta de agua. Nuestra preocupación es por nuestros hijos ¿qué va a pasar con el agua?”, cuestionó.

“En verano todo va a colapsar, las canchas de golf, por ejemplo, tienen que estar siempre verdes para que puedan jugar. La gente que se opone en la comunidad está a la espera, se ha hablado de tirarse a la calle igual que lo hicieron en Lorena con el Meliá Conchal”.

Lorena es una comunidad de Santa Cruz aledaña a uno de los últimos mantos acuíferos de la región, el de Nimboyores. En su momento el Hotel Meliá Conchal pretendió echar mano de este recurso y la comunidad de Lorena logró impedirlo.

En esa lucha estuvo presente María Rosa Angulo, quien fue  presidenta del Comité de Defensa del Manto Acuífero de Nimboyores y actualmente preside la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Cantón de Santa Cruz.

“Toda esta zona requiere de agua, en Matapalo hay muy poca y la única fuente cercana es Nimboyores, donde un estudio determinó que puede proveer 180 litros por segundo, lo cual es muy inferior a la demanda que tendrá que enfrentar”.

Citó datos según los cuales para el 2020 Tamarindo requerirá de 400 litros por segundo. “El agua de Nimboyores sólo puede ser para el consumo humano, no para regar canchas de golf y jamás para piscinas. Además, deben ser las ASADAS las que administren el recurso”, puntualizó.

“Si insisten en buscar el agua de Nimboyores habrá una gran tensión. Si el AyA viene de manera arbitraria a meter tuberías, estamos dispuestos a tirarnos a la calle ante la forma de actuar prepotente e irrespetuosa de Ricardo Sancho y ya se lo comunicamos a la institución”, señaló.

Definitivamente vivimos tiempos difíciles, a pesar de la crisis del capital, la voracidad empresarial sigue adelante sin tener ninguna contemplación por lo recursos naturales, ni por la vida de la gente…

La viceministra de transportes y ahora ministra de justicia, dice no tener vínculos con este proyecto, pero ya en este gobierno nos hemos acostumbrado a todo tipo de casualidades, ustedes decidirán si creerle o no… por nuestra parte, solo diremos que esto es lo que ocurre cuando empresarios y políticos se funden en un gobierno, que además es de corte totalmente neoliberal…