Amenazas y desalojos en dos lugares de Costa Rica

El Movimiento de la Reforma Agraria informa que hay amenazas de desalojos contra las familias campesinas que recuperaron la finca El Aguacate en Liberia. Los terratenientes impulsan un desalojo penal en los tribunales.

A la vez, en las comunidades de Colonia Puriscaleña, San Miguel y Punta de Lanza, en el cantón de Matina, en la provincia de Limón, existe la amenaza de desalojo contra 11 familias que habitan en parcelas entregadas por el Estado hace más de treinta años. La excusa es que se trata de terrenos de “vocación forestal” y que deberían ser dedicados a la conservación, pero los pobladores advierten que posiblemente haya otros intereses de explotación de los recursos detrás de esta intención.

Estos casos se suman a los de otros lugares del país como Medio Queso de Los Chiles, y las antiguas fincas bananeras en Sarapiquí y Palmar Sur de Osa, donde familias campesinas exigen su derecho a tierra para sembrar y cuyos reclamos no son escuchados y más bien se beneficia a los terratenientes que acaparan y concentran la tierra.

Conozca más sobre los casos de Liberia y Matina escuchando el programa del 04 de julio.

Muerte, lo que reciben los disidentes en Guerrero

A la memoria de Arturo Hernández Cardona, luchador incansable del pueblo guerrerense.

Guerrero, México. En medio de un ambiente de impunidad estructural que impera en el estado de Guerrero, las desapariciones y posteriores ejecuciones de los luchadores sociales Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez son otra señal funesta de lo que tienen que enfrentar quienes se atreven a levantar la voz, a increpar a las autoridades por ignorar a la población y por ejercer el derecho a la protesta. Los cuerpos de los activistas fueron hallados el 3 de junio, después de cinco días de haber sido desaparecidos junto con otros cinco compañeros. Cuatro lograron escapar y otro sigue desaparecido.

En Guerrero no hay semana que termine sin que se registren hechos sumamente graves que atentan contra la vida, la seguridad y la libertad de las y los guerrerenses. Esta situación sienta un mal precedente para las autoridades del estado porque constatamos que no están cumpliendo con sus responsabilidades constitucionales; en varias regiones se desdibujan y más bien hay un vacío de poder, que ocupan los grupos del crimen organizado. Cada día se constata la supeditación o colusión de varias autoridades municipales a los intereses delincuenciales. No les queda otra opción que pactar para poder medio gobernar, dejando a la deriva a la población. Esto significa que a nivel regional o municipal existe un poder mayor atrás del poder formal, que existen otros actores extralegales que mueven a control remoto los hilos del poder político y económico.

La economía criminal es la que realmente dinamiza y oxigena la endeble economía local. La prosperidad empresarial no se entiende si no se urde debajo de la alfombra con los negocios ilícitos. Todo tiene que converger en el tráfico de personas, de armas y de drogas.

Guerrero, en el tinglado internacional, forma parte de un enclave estratégico y de un corredor internacional que facilita el trasiego de las mercancías ilícitas para Norte, Centro y Sudamérica. Su ubicación en el Océano Pacífico y su intrincada geografía le permiten desempeñar varios roles dentro de toda la cadena de producción, trasiego, distribución y consumo de drogas. Sus siete regiones amalgamaron y se apropiaron de estos negocios ilícitos que conllevan una lucha sin cuartel por el control del mercado, del territorio, de las instituciones, de los negocios y de las personas. Tienen sus propios códigos de guerra, sus métodos de sometimiento, su estrategia mediática y su autogobierno. Son un Estado dentro del Estado y lo que es peor, le disputan ya al mismo la integridad de su territorio, por el control férreo que imponen en diversas regiones.

Lo más trágico que nos ha pasado a los guerrerenses es que se ha erosionado el poder de quienes tienen la obligación de proteger los derechos humanos y de garantizar justicia a las víctimas de la violencia. No hay remanso que nos permita restañar las heridas sociales causadas por las prácticas sistemáticas arraigadas en nuestra entidad como las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Somos ahora víctimas de la violencia imparable que nos impide luchar y organizarnos para alcanzar la justicia, la seguridad y la paz.

Más que un estado de derecho, en Guerrero impera en varias regiones un estado de excepción impuesto por los poderes fácticos de la delincuencia, que disponen de la vida, la libertad y el patrimonio de cualquier persona o familia.

Desde las desapariciones forzadas de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas y sus posteriores ejecuciones, en febrero de 2009, en nuestro estado se implantó un patrón de persecución, desapariciones y hasta ejecuciones contra defensoras de derechos humanos. Raúl y Manuel fueron defensores del pueblo na savi de Ayutla de los Libres y por su trabajo causaron malestar entre los grupos de poder locales. Nada impidió que los desaparecieran y ejecutaran. Hasta la fecha no hay resultados de la investigación y sus familiares siguen padeciendo los estragos de su ausencia y la falta de justicia.

De igual manera sucedió con las desapariciones de Eva Alarcón y Marcial Bautista, dos defensores ecologistas de la sierra de Petatlán, que por defender los bosques y denunciar el contubernio de las corporaciones policiacas y miembros del ejército con los grupos de la delincuencia organizada, fueron desaparecidos el 7 de diciembre de 2011, después de pasar un retén militar cuando viajaban en un autobús a la ciudad de México. A pesar de las denuncias interpuestas y la detención de un comandante de la policía ministerial de Tecpan de Galeana, los familiares de Eva y Marcial no saben nada de los avances de las investigaciones ni del paradero de sus familiares.

La práctica arraigada de la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales de quienes exigen sus derechos, son crímenes abominables que permanecen en la impunidad. Por eso evocamos la memoria de Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, estudiantes de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, asesinados a balazos por policías federales y ministeriales del estado cuando se manifestaban en la autopista del sol el 12 de diciembre de 2011.

La inacción de las autoridades ante estos crímenes de lesa humanidad, y su colusión con los grupos del crimen organizado deja en total indefensión a las organizaciones sociales que cuestionan la forma de ejercer el poder, y es un mensaje a los agresores de que pueden seguir atentando contra la vida de quienes se organizan para defender los derechos de la población.

Hoy, en medio de un ambiente de impunidad estructural que impera en el estado de Guerrero, las desapariciones y posteriores ejecuciones de los luchadores sociales Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez son otra señal funesta de lo que tienen que enfrentar quienes se atreven a levantar la voz, a increpar a las autoridades por desatender e ignorar a la población y por ejercer el derecho a la protesta.

Arturo Hernández desde hace décadas se ha distinguido por defender los derechos de la población marginada del Valle de Iguala. Su desaparición y posterior ejecución representa un agravio más a la sociedad en general y a los luchadores sociales de Guerrero en particular, porque han entregado su vida para construir una sociedad justa e igualitaria.

El liderazgo de Arturo Hernández Cardona se forjó desde el compromiso y el acompañamiento permanente con los campesinos y colonos. Su vida se entendió siempre desde la organización de base. Formó parte del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) y apoyó la lucha emprendida por la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). Hizo causa común con varias organizaciones sociales para exigir justicia por la matanza de Aguas Blancas y la masacre de El Charco. A pesar de las amenazas y las persecuciones, nunca se arredró ante el poder. Más allá de su militancia partidista, su identidad la labró con los movimientos sociales, con las luchas de los campesinos, los maestros, las maestras y los colonos.

La muerte de Arturo nos duele. Es una daga en el corazón de todos los guerrerenses que buscamos un mundo en donde no haya arriba ni haya abajo. Un mundo sin desprecio, sin despojo, sin explotación, sin represión: un mundo mejor. Siempre viviremos agradecidos por la solidaridad de Arturo con Tlachinollan en los momentos más difíciles que enfrentamos por las amenazas sufridas en mayo de 2012.

Por eso, las guerrerenses no aguantamos más tanta violencia contra quienes exigimos respeto, defendemos y ejercemos nuestros derechos humanos. Es por eso que decimos que un grito recorre las cañadas, las montañas, los valles y las costas de Guerrero, es el grito de la dignidad, de la fuerza, del coraje; el grito que le dice a los de arriba que ya no permitiremos más que nos sigan pisoteando.

Publicado el 10 de junio de 2013.

Informe del Centro en Acción por Derechos Humanos sobre los acontecimientos del 1 de Mayo de 2013

Las unidades policiales practicaron el uso de la fuerza bruta, la intimidación, el hostigamiento e incurrieron en incumplimiento de deberes elementales, por ejemplo al no identificarse durante la ejecución de sus tareas o al no brindar información sobre las personas detenidas o las delegaciones a las cuales iban a ser trasladadas. En ese sentido, la policía costarricense da muestras de una prepotencia característica de los Estados Policiales.

Denunciamos también la actuación de los trabajadores del medio de comunicación privado REPRETEL que estuvieron dando cobertura a la manifestación del día del trabajador, quienes agredieron a manifestantes ante la permisividad de los oficiales de la Fuerza Pública. No fueron los únicos medios involucrados. Nos resulta poderosamente llamativo, en relación a lo anterior, no solo la evidente violencia injustificada e injustificable de dichos periodistas y camarógrafos, sino también la actuación policial que permitió los linchamientos y después arrestó a los linchados, dejando en libertad a los agresores.

Adicionalmente, las notas noticiosas se caracterizaron por silenciar estos hechos o reinterpretarlos de manera que fueran los agredidos quienes al final cargaran con el señalamiento y el repudio social. Los medios privados de comunicación se ensañaron con los manifestantes y los afectados fueron, de esta manera, doblemente linchados: física y mediáticamente. Posteriormente, las noticias se construyeron con el fin de desprestigiar y criminalizar al movimiento social, generalizando comportamientos que no fueron el de la mayoría, culpando a los agredidos y guardando silencio ante el reprochable comportamiento de los periodistas agresores. La Fuerza Pública salió bien librada y sin cuestionamientos de ningún tipo por parte de los medios de comunicación. Un claro ejemplo de lo anterior fue una de las notas periodísticas publicadas por Canal 7 (para ver: http://www.teletica.com/Noticias/9120-Cinco-personas-atendidas-y-20-detenidos-tras-disturbios-frente-al-Congreso.note.aspx.

A la luz de los acontecimientos, nuestra organización reitera que abogamos por los métodos de protesta no-violenta. Sin embargo, nuestro carácter de organización defensora y promotora de los Derechos Humanos nos obliga a levantar la voz en contra de la criminalización de la protesta social y en defensa de las víctimas de aquellas situaciones en las cuales se presenten abusos por parte de las fuerzas policiales, y en este caso, de la prensa. Al momento de ejecutarse una detención no puede agredirse a la persona detenida con ningún tipo de violencia ni hostigamiento verbal, bajo ninguna circunstancia. La Fuerza Pública está en la obligación de intervenir en defensa de cualquier ciudadano que esté siendo agredido.

Escenarios

Por otra parte, a la luz de lo acontecido, nos llama poderosamente la atención la notoria planificación previa y la aparente capacidad de “anticipación” de las fuerzas antimotines y otras fuerzas policiales. Desde la noche antes efectivos policiales trabajaban en la preparación de las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores de donde posteriormente se dieron los hechos violentos. Nótese que en operativos anteriores (como el ocurrido el 11 de abril en Alajuela, por poner un ejemplo) los policías suelen contener de forma agresiva a quienes se dan a la tarea de intentar derribar las vallas de seguridad, sujetando masivamente las mismas y utilizando sus bastones policiales para defenderlas, mientras que el 1 de mayo sucedió algo diferente. Otro dato interesante es que la salida del contingente antimotines se da precisamente por el lugar en donde se derribaron las vallas. De manera también interesante, anotamos el hecho de que la mayoría de la gente que estaba frente a las vallas derribadas fue inducida a correr cuesta arriba (hacia el Este), justo en dirección a un fuerte contingente policial, mismo que realizó la mayoría de las capturas. Precisamente fue en la esquina sureste de la Asamblea Legislativa en donde los policletos se dieron a la tarea de arrestar indiscriminadamente a quien viniera corriendo, deteniendo a las personas independientemente de su apariencia, encapuchados o no. La actuación policial, a estas alturas, fue muy violenta. Por ejemplo, los oficiales de policía utilizaron agresivas llaves en contra personas que no opusieron resistencia y se dieron casos de detenciones violentas practicadas por policías varones en contra de jovencitas. En general, a nuestro criterio surgen elementos para pensar que la operatividad policial supone escenarios previos.

Hostigamiento e intimidación

Denunciamos que posterior a la marcha del 1 de Mayo, en horas de la tarde, cuando nos encontrábamos reunidos varios grupos de defensa de Derechos Humanos y colectivos, trabajando en las denuncias relacionadas a los hechos violentos, 10 oficiales del Grupo de Apoyo Operacional de la Fuerza Pública (GAO) y al menos 18 policletos se apostaron de manera intimidatoria en las afueras del Centro de Amigos para la Paz (CAP) en San José. Los oficiales mostraron una actitud provocadora, se negaron a dar sus nombres al momento de preguntárseles (a excepción de uno de ellos) y posteriormente se dieron a la tarea de intimidar a las personas que se retiraban del lugar. Otros incidentes similares de intimidación contra activistas que se retiraban de la marcha del primero de Mayo también tuvieron lugar, tal y como lo evidencia el siguiente video: http://youtu.be/kegqjA80xKE.

Estos acontecimientos son graves y sientan un precedente peligroso que denunciamos con indignación.

Destacamos que la mayor parte de la marcha sucedió dentro de un marco de actuación pacífico. Numerosos grupos de diversos sectores del país y comunidades manifestaron su inconformidad ante las numerosas situaciones que atraviesa el país, especialmente contra las clases que ostentan el poder y que aplican políticas de gobierno antipopulares, privilegiando poderosos intereses económicos por encima de los Derechos Humanos de la población.

Denunciamos finalmente que durante los acontecimientos de los últimos meses las actuaciones represivas han venido en aumento. Son cada vez más las unidades policiales que participan durante las manifestaciones (UIP, GAO, UEA, DUE, DIS, entre otras) y eso nos conduce a concluir que una gran cantidad del presupuesto nacional está siendo destinado a la formación de policías dedicados a vigilar y reprimir las manifestaciones populares.

Este informe viene acompañado por los siguientes testimonios en video y galería fotográfica:

Testimonio de Yoni Arias Aguilar: http://youtu.be/cJdAXjAtTys

Testimonio de Silvia Chaves: http://youtu.be/cDCe_0vIqN8

Denuncia Nacional e Internacional: http://youtu.be/EzI5RLHOzY4

Galería de fotos del equipo de Observadores del CADH: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.248947445244380.1073741827.100003873806405&type=3

NOTA COMPLETA:
http://www.cadhcr.org/informe-oficial-del-cadh-sobre-el-1-de-mayo-de-2013/


Agradecemos toda la divulgación que se le pueda dar a este informe.

Centro en Acción por Derechos Humanos – CADH

Reporte 1: ESTADO DE SITIO EN COSTA RICA POR LLEGADA DE OBAMA

Hoy, 3 de mayo con la llegada a Costa Rica del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, denunciamos a la comunidad internacional que la capital, San José, se encuentra en un ESTADO DE SITIO no reconocido como tal, por la situación que se está planeando desde hace más de una semana para la estadía del presidente de Estados Unidos en el marco de la reunión de presidentes del Sistema de Integración Centroamericana.

Distintas organizaciones han convocado a manifestarse contra la visita de este presidente, pero a lo interno de los movimientos se percibe un ambiente de temor ante la posible represión. Destacamos que la intención de cualquier acción de protesta es de carácter no violento y amparándose en el legítimo derecho a protestar.

Sin embargo, denunciamos el gran despliegue policial en las vías públicas, la utilización de armas de alto calibre, la presencia en las calles de al menos 1300 policías uniformados y un número similar de agentes encubiertos, más de 150 cámaras de vigilancia, vigilancia aérea con el sobrevuelo constante desde el 30 de abril de helicópteros Black Hawk y de helicópteros de la fuerza pública a baja altura, la utilización de todas las fuerzas policiales y unidades especiales de vigilancia, apoyo y de choque para el control policial de la ciudad. En palabras del director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) ¨no tolerarán que protestas que terminen en violencia¨.

Este despliegue implica prácticamente el cierre de la capital, los dispositivos de seguridad cuentan con hasta 3 perímetros de seguridad. Estos cierres se están realizando en diversos puntos de manera que tienen autorización de detener y solicitar los datos de cualquier persona.

Todo este despliegue está al mando y control del servicio de “inteligencia” del gobierno estadounidense.

Además, esto sucede después de las protestas del 1 de mayo, cuando fueron detenidas más de diez personas y un compañero está siendo procesado por cargos de terrorismo.

Señalamos al gobierno de Chinchilla en sus intensiones de criminalizar a los manifestantes tachándolos de terroristas. Denunciamos y alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre este discurso generado desde el gobierno con apoyo de los grandes medios de desinformación aliados del poder. Con esto pretenden impedir el derecho legítimo a la protesta, a la libertad de expresión y de tránsito, de criminalizar a cualquiera que posea una postura crítica sobre la llegada de Barack Obama a Costa Rica.

Solicitamos a la comunidad internacional a mantenerse atenta ante la situación que está sucediendo en Costa Rica, ya que este despliegue militar y policial nunca había sido visto en el país.

Aunque se impida este derecho, repudiamos profundamente la presencia y la intervención imperialista del presidente de Estados Unidos en Centroamérica.

Represión el 1º de mayo en Costa Rica

El dia de hoy 1ero de mayo, durante la conmemoración del Centanario de la Marcha del Día del Trabajador y de la Trabajadora en San Jose, se manifestaron miles de personas de diferentes sectores sociales, organizaciones populares, colectivos, partidos políticos, y gente que se acercó a marchar en defensa de sus derechos económicos y sociales, también en denuncia del mal gobierno de Laura Chinchilla, y en oposición a la llegada del presidente de los Estados Unidos Barack Obama a Costa Rica el día viernes 3 de mayo, por motivo de la reunión de presidentes centroamericanos.

Después de realizada la marcha nacional, alrededor de la 1 pm, algunos colectivos tomaron la decisión de realizar una acción directa frente la Asamblea Legislativa. Esto provocó la reacción violenta e instantánea de distintos cuerpos policiales: elementos de Fuerza Pública, un centenar de antimotines de la Unidad de Intervención Policial (UIP), de elementos del Grupo de Apoyo Operativo (GAO) , y de agentes de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS); los cuales se encontraban en los alrededores de la Asamblea Legislativa desde antes del inicio de la movilización, listos para desatar un acto de represión. Operativo policial y de “inteligencia” enmarcado en la visita del presidente estadounidense dentro de dos días.

Además de las agresiones policiales, existen denuncias de manifestantes, en las cuales se argumenta que algunas personas fueron agredidas por empleados de medios de comunicación del poder, que arremetieron violentamente – a golpear y a detener- a manifestantes que se defendían de la violencia policial.

La acción policial, dio como resultado varias decenas de personas detenidas, de las cuales 12 se encuentran ya referidas al Ministerio Público, seis personas se encuentran en afrontando cargos en flagrancia. Las persionas detenidas presentan golpes en su cara, cabeza, hombros, espalda, brazos, además de heridas.

Esta es una acción del gobierno de Costa Rica para consolidar la criminalización a los movimientos sociales mediante la apertura de procesos judiciales. Tal como queda demostrado con las declaraciones esta tarde del Viceministro de Seguridad, Celso Gamboa, que aseguró la intencionalidad de las y los manifestantes de “asesinar” a los oficiales de la policía y causar “disturbios”, declaraciones que dio a la prensa sin ningún tipo de pruebas reales.

Tras las acciones de represión, varias organizaciones, colectivos y personas, se replegaron al Centro de Amigos para la Paz en las inmediaciones de los Tribunales de Justicia en la ciudad de San José, en dónde la GAO se mantiene amedrentando el lugar, con la continua presencia de oficiales motorizados y el intento de arresto a manifestantes que intentan volver a sus casas y circulan en los alredores.

A las 5 de la tarde, los operativos por parte de la GAO y la Fuerza Pública, continúan en San José.

Injusto desalojo en Cabagra

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Lucha Campesina e Indígena convocada por la Red de Mujeres Rurales, conversamos con Rogelia Rojas.

Hemos compartido con ella en otras ocasiones. Es una de esas valientes mujeres indígenas que ha perdido el miedo a expresarse y a reclamar sus derechos. Esta vez, la historia que nos cuenta es muy reciente:

El día anterior llegó la policía a sacarla de una tierra en la que ha estado por más de 7 años. Durante ese tiempo, ha sembrado muchos productos para la alimentación de su familia y para la conservación y regeneración del bosque.

Pero en Costa Rica, los territorios indígenas son administrados por Asociaciones de Desarrollo (ADI) que en muchos casos han servido como plataformas de corrupción y discriminación contra los propios pobladores y pobladoras.

En este caso, la ADI se tomó la potestad de desalojar a la familia de Rogelia para favorecer a no indígenas. Pero como la posesión de terrenos por parte de no indígenas dentro del territorio es ilegal, se le asignan a las esposas de estos, que sí son indígenas.

En el desalojo quemaron parte de las pertenencias familiares, incluidos los uniformes de la escuela de los hijos.

Estas son sus palabras:

Comité Patriótico Nacional: Jueves 11 abril todos a ALAJUELA


COMITÉ PATRIÓTICO NACIONAL

LE INVITA

A COMITÉS PATRIÓTICOS, GENTE PATRIOTA y

HABITANTES DE ESTE PAÍS

Fecha: Jueves 11 de ABRIL

Hora: 9AM en Adelante.

Lugar: Parque Juan Santamaría, Alajuela.

Venga y DENUNCIEMOS la CONCESIÓN DE LA CARRETERA A SAN RAMÓN, la están PRIVATIZANDO. DEFENDAMOS LA CCSS, FUERA MONSANTO, Son muchas las cosas por la cual debemos SALIR A LA CALLE.

Que cuando salga a la calle no sea muy tarde¡¡¡¡¡¡¡¡¡


Venga infórmese organícese y luche, traiga ollas, pitos, pancartas, megáfonos, mantas, volantes, utilice su creatividad para demostrar su descontento.

… Comité Patriótico Nacional…
E-mail: comitespatrioticonacional@gmail.com
web: http://comitespatrioticos.com/
…… Sepamos Ser Libres !!!

Incurables

Ante la declaratoria de interés público de una actividad en la que participaría un “científico” español que se afirma capaz de “curar la homosexualidad”, como si se tratara de una enfermedad, grupos diversos se manifestaron el 7 de marzo en San José.

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